WASHINGTON-- Ninguna de las modificaciones a la política de deportaciones que adopte el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, logrará disminuir la controversia que rodea al tema migratorio ante la ausencia de una reforma legislativa, concluyó un centro de estudios en un informe difundido el martes.
Expertos del Instituto de Política Migratoria advirtieron que sin una reforma legislativa no se resolverá el dilema fundamental que enfrenta el gobierno de Barack Obama: cómo velar por el debido cumplimiento de las leyes migratorias y al mismo tiempo proteger a las comunidades inmigrantes del daño causado por un sistema estricto.
La directora del Instituto de Política Migratoria, Doris Meissner, dijo al presentar el reporte de su autoría que uno de los ajustes sobre la mesa en este momento es definir mejor cuáles son los crímenes severos que ameritarían la deportación de un inmigrante no autorizado.
Meissner mencionó como ejemplo las infracciones de tránsito y dijo que una posibilidad es que conducir en estado de ebriedad sea considerado un delito grave, pero no así otras faltas como un faro defectuoso en el auto.
La experta agregó que le sorprendería mucho la adopción de otras propuestas, tales como eliminar de la lista de crímenes graves el reingreso ilegal a Estados Unidos o expandir la suspensión de deportaciones adoptada en 2012 por la Casa Blanca a algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, debido al impacto que podría tener en la negociación legislativa.
"No hacemos recomendaciones en este informe. Solamente evaluamos las propuestas principales y examinamos sus ventajas y desventajas", indicó.
Johnson estudia actualmente la posibilidad de limitar la deportación de inmigrantes que residen sin permiso en Estados Unidos y que no tengan antecedentes penales peligrosos, como parte de una evaluación ordenada por Obama.
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Otras posibilidades mencionadas por el reporte incluyen brindar mayor supervisión judicial durante el proceso de deportaciones, un análisis más cuidadoso de inmigrantes no autorizados que tengan vínculos sólidos con Estados Unidos y uniformar aún más los grupos sobre los que se debe aplicar la ley migratoria con más prioridad.
El Congreso mantiene en el limbo la reforma migratoria, mientras la Casa Blanca contempla la posibilidad de una acción ejecutiva.
El promedio anual de deportaciones alcanzó la cifra sin precedentes de 400,000 desde que Obama asumió el poder en 2009.
