Informe: niegan acceso a escuelas a niños sin papeles

Revelan que la práctica se realiza en varios estados y que afecta a quienes llegaron solos

Candelario Jimón Alonzo llegó a Estados Unidos con el sueño de lograr más en la vida de lo que podría ser por los caminos llenos de baches en las tierras altas de su nativa Guatemala. Esta era su oportunidad: Podría terminar la secundaria en Estados Unidos y algún día convertirse en maestro.

Sin embargo, el chico de 16 años se la pasa solo casi todos los días en una casa deteriorada en Memphis, donde vive con su tío; sale ocasionalmente a jugar fútbol y a aprender lo que pueda de inglés con sus amigos.

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Las autoridades educativas locales han impedido a Jimón asistir a la escuela desde que intentó inscribirse en enero.

Según abogados, se ha impedido a Jimón y a por lo menos otros 12 jóvenes inmigrantes que huyeron de la violencia en América Central estudiar en secundarias públicas en Memphis porque las autoridades afirman que esos adolescentes carecen de un documento oficial que avale su escolaridad o porque eran demasiado mayores como para graduarse a tiempo.

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The Associated Press encontró que en por lo menos 35 distritos escolares en 14 estados, se desalentó a centenares de menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que llegaron solos a la hora de inscribirse en escuelas o se les apremió a que estudiaran en lo que defensores y abogados consideran programas alternativos separados pero inequitativos: básicamente un callejón académico sin salida que puede constituir una infracción a las leyes federales.

En lugar de inscribir a Jimón y a los otros menores en alguna escuela secundaria, un distrito escolar falto de efectivo los derivó a una escuela para adultos en el este de Memphis que ofrecía clases de inglés algunas horas a la semana.

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Pero antes de que Jimón pudiera siquiera registrarse, el estado clausuró los programas de Desarrollo Educativo General (GED por sus siglas en inglés) y de inglés porque pocos estudiantes se graduaban, lo que en la práctica anuló las posibilidades del chico de acceder a una educación formal.

"La verdad es que yo quería estudiar matemáticas e inglés cuando llegara aquí", dijo Jimón, quien creció hablando español y la lengua indígena quiché. El adolescente, delgado y de voz suave, está en proceso se solicitar un permiso de permanencia permanente.

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La portavoz escolar del condado Shelby, Natalia Powers, dijo que su amplio distrito tenía una política que ofrecía a los estudiantes de 16 años o más la opción de inscribirse en un programa GED, pero cuando éste fue cancelado los alumnos tenían disponible en un programa "similar" de una organización local sin fines de lucro.

Sin embargo, los abogados y defensores señalaron que se había negado a los menores la opción de asistir a una secundaria convencional y la organización sin ánimo de lucro de Memphis no enseñaba inglés.

La odisea de una niña inmigrante en el desierto

Las escuelas en Estados Unidos continúan como unas de las pocas instituciones gubernamentales en las que se garantizan los servicios a los jóvenes inmigrantes, pero el gobierno federal ha otorgado pocos recursos o poca supervisión para vigilar que eso suceda, en parte porque esas escuelas se gestionan de manera local.

Desde el otoño de 2013, el gobierno federal ha colocado casi 104,000 menores que llegaron solos con tutores adultos en diversas comunidades en todo el país, donde se espera que asistan a la escuela mientras buscan que un tribunal de inmigración les otorgue un permiso de residencia.

Meses después, durante la dramática oleada de cruces irregulares en la frontera, los departamentos de Educación y Justicia emitieron recomendaciones conjuntas en las que se recordaba a los distritos escolares un fallo de 1982 de la Corte Suprema según el cual los estados no pueden negar a los niños la educación pública gratuita, al margen de su situación migratoria.

Los distritos en los que se detecte que han infringido la ley pueden verse obligados a modificar sus políticas de inscripción, pero el proceso no es sencillo. Para empezar, pocos niños migrantes comprenden sus derechos.

Los estudiantes y quienes los defienden pueden demandar a los distritos escolares o quejarse ante los departamentos de Educación o Justicia, pero las investigaciones acumulan tantos retrasos que pueden tardar años y suelen resultar en sanciones civiles, dijo Lisa Carmona, abogada de la organización sin ánimo de lucro Southern Poverty Law Center.

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