El gobernador de Colorado, Jared Polis, enfrenta una demanda legal por presuntamente ordenar a funcionarios estatales que entregaran información personal de patrocinadores de menores migrantes a las autoridades de inmigración. La decisión ha causado indignación entre aliados políticos, líderes sindicales y organizaciones civiles.
El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU emitió una citación el 24 de abril para obtener datos confidenciales de 35 personas. Aunque inicialmente se negó, Polis cambió de postura y pidió al personal cumplir o enfrentar posibles despidos. El departamento entregó los datos incluyendo salarios, permisos laborales y domicilios.
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La polémica surge pocas semanas después de que el propio gobernador firmara una ley, SB25-276, que ofrece protecciones a migrantes que proveen su información personal a agencias estatales. Activistas aseguran que su actuación contradice ese compromiso reciente.
Una demanda legal fue presentada por un empleado laboral de su administración, quien denunció posibles violaciones a leyes estatales que prohíben colaborar con inmigración en casos no criminales. Esta semana, el sindicato Colorado WINS, la organización civil Towards Justice y la AFL-CIO de Colorado se unieron a la querella.
Polis acordó no tomar más acciones mientras un juez evalúa una solicitud de orden judicial temporal para frenar la entrega de datos. Su decisión busca evitar consecuencias legales mientras se define el curso del caso.
Sindicatos y defensores de derechos civiles han mostrado preocupación por el posible impacto que esta colaboración pueda tener en trabajadores migrantes. Temen que se cree un ambiente de miedo que desanime a los inmigrantes a buscar apoyo laboral o social.
El futuro de la demanda será decidido por la corte.
