WASHINGTON DC — Miles de vendedores de armas de fuego en Estados Unidos tendrán que realizar verificaciones de antecedentes de los compradores cuando vendan en ferias de armas u otros lugares fuera de las tiendas físicas.
En lo que podría ser la mayor expansión de las verificaciones de antecedentes federales en décadas, el gobierno de Biden está tomando medidas para poner fin a la controvertida “laguna legal en las exhibiciones de armas”.
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Esto es según una norma del gobierno de Biden que pronto entrará en vigor.
La norma pretende cerrar un vacío legal que ha permitido que decenas de miles de armas sean vendidas cada año por comerciantes sin licencia que no realizan verificaciones de antecedentes para garantizar que el comprador potencial no tenga prohibido legalmente tener un arma de fuego.
Es el último esfuerzo del gobierno para combatir la violencia armada.
Este jueves, el Departamento de Justicia presentará una nueva regulación de 466 páginas al Registro Federal que describe que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos exigirá que cualquier persona "dedicada al negocio" de vender armas con fines de lucro se registre como comerciante de armas de fuego con licencia y realice controles de antecedentes penales y de salud mental de los compradores. Un alto funcionario del gobierno dijo que la nueva regla actualiza la definición de “dedicado al negocio” como comerciante de armas, establecida por la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras y proporciona claridad sobre quién debe obtener una licencia.
“Esta única brecha en nuestro sistema federal de verificación de antecedentes ha causado un dolor y sufrimiento inimaginables”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris en una llamada con periodistas.
EEUU
En un vídeo publicado este jueves en X, el presidente Joe Biden dijo: “El Congreso debe terminar el trabajo y aprobar una legislación universal de verificación de antecedentes ahora”.
El director de la ATF, Steven Dettelbach, dijo que el cambio entrará en vigor en un mes. Es probable que enfrente desafíos legales, aunque el gobierno argumenta que la norma se mantendrá en los tribunales mediante el uso de una disposición de la amplia ley de control de armas que el Congreso aprobó en 2022.