DENVER – A través de un comunicado escrito la administración gubernamental de Colorado informó que el gobernador John Hickenlooper firmó en la mañana del lunes, una orden ejecutiva, en respuesta a la política de separación familiar de la administración Trump, que impide que Colorado use recursos del estado para separar a los niños de sus padres o tutores legales sobre la única base de estado de inmigración.
"La política y la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de separar a los niños de sus padres cuando llegan a la frontera sur es ofensivo para nuestros valores fundamentales como residentes de Colorado y como país", dice la orden ejecutiva. "La administración anunció una política de 'tolerancia cero' en la primavera de 2018, lo que provocó separaciones familiares. La administración ha declarado recientemente que el objetivo de la política es intimidar a los inmigrantes y evitar los cruces".
La orden ejecutiva ordena que:
• Ninguna agencia estatal puede privar a ninguna persona de los servicios o beneficios a los que tiene derecho legalmente debido al estado de inmigración de una persona, excepto según lo exijan las leyes estatales o federales.
• Ninguna agencia estatal puede usar ningún recurso estatal, incluidos, entre otros, dinero, equipo o personal, con el propósito de separar a un niño de su padre o tutor legal sobre la base de que dicho padre o tutor legal está presente en los Estados Unidos en violación de las leyes federales de inmigración.
La orden ejecutiva B 2018-008 se aplica solo a los casos en que los niños se separan de sus padres basándose únicamente en su estado migratorio. No se aplica a los casos en que un tribunal ha determinado que es lo mejor para el niño que se le retire de sus padres o tutor legal, o cuando los funcionarios del estado creen que un niño es una víctima, o está en riesgo significativo de convertirse en una víctima, de abuso o tráfico humano. Esto se produce después de que el gobernador Hickenlooper enviara una carta en la que instaba a la acción del Congreso a evitar que la administración continúe con su política de separar a los niños.
