Una jueza federal ordenó al gobierno facilitar el regreso de un venezolano que fue deportado a El Salvador el mes pasado, alegando que su deportación violó un acuerdo judicial previo.
Una jueza federal designada por Donald Trump ordenó al gobierno facilitar el regreso de un venezolano que fue deportado a El Salvador el mes pasado, alegando que su deportación violó un acuerdo judicial previo.
El migrante de 20 años, conocido bajo el seudónimo "Christian" en los documentos judiciales, fue deportado a una prisión de El Salvador el 15 de marzo.
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La deportación se produjo tras la proclamación de Trump de "Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros con Respecto a la Invasión de los Estados Unidos por el Tren de Aragua", conocida como la Proclamación AEA.
Sin embargo, la jueza del Tribunal de Distrito de Maryland, Stephanie A. Gallagher, dictaminó el miércoles que Christian no debería haber sido deportado porque forma parte de un acuerdo de demanda colectiva que prohíbe su deportación mientras se resuelve su solicitud de asilo.
Christian formó parte de una demanda colectiva interpuesta en 2019 por un grupo de inmigrantes indocumentados que ingresaron a EEUU como menores no acompañados y posteriormente buscaron permanecer en el país mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) juzgaba sus solicitudes de asilo sobre el fondo del asunto. En 2024 se llegó a un acuerdo.
A pesar del acuerdo, Christian fue deportado.
Por qué fue deportado a pesar de la orden que lo protegía
Los abogados de los demandantes presentaron una moción de emergencia el 14 de abril para hacer cumplir el acuerdo.
Sin embargo, los demandados —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, el USCIS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.— argumentaron que la deportación de Christian no violaba el acuerdo porque "su designación como enemigo extranjero, de conformidad con la AEA, implica que deja de ser miembro del grupo".
Una declaración presentada por Robert L. Cerna, director interino de la oficina de campo de Harlingen de las Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Texas, indicó que Christian fue arrestado en enero por posesión de cocaína en el condado de Harris y que la ERO posteriormente le impuso una orden de detención. Cerna afirmó que el ICE determinó que Christian estaba sujeto a la proclamación de la AEA.
Gallagher ordenó su regreso a Estados Unidos en virtud del acuerdo de conciliación.
"Por lo tanto, según los términos del Acuerdo de Conciliación y los principios fundamentales del derecho contractual, la deportación de Estados Unidos de un Miembro de la Demanda Colectiva, incluyendo, entre otros, a Cristian, sin una determinación definitiva sobre el fondo de la solicitud de asilo pendiente del Miembro de la Demanda Colectiva, viola el Acuerdo de Conciliación", escribió Gallagher en un memorando.
Su memorando también mencionó el caso de deportación de alto perfil de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado a una prisión salvadoreña en marzo.
"Por lo tanto, al igual que la Jueza Xinis en el caso Abrego García, este Tribunal ordenará a los Demandados que faciliten el regreso de Cristian a Estados Unidos para que pueda acceder al proceso al que tenía derecho según el Acuerdo Transaccional vinculante de las partes", declaró Gallagher.
Añadió que "facilitación" incluye que los demandados soliciten de buena fe al gobierno de El Salvador que libere a Cristian y lo ponga bajo custodia estadounidense para su traslado de regreso a Estados Unidos a la espera de la resolución de su solicitud de asilo.
En su orden, se ordenó a la administración Trump no expulsar a ningún miembro del acuerdo colectivo, señalando que una vez que USCIS resuelve la solicitud de asilo de un Miembro del Grupo según sus méritos, la persona deja de ser miembro del grupo.
NBC News se ha puesto en contacto con los abogados que representan al grupo, así como con la administración Trump, para obtener comentarios sobre la orden.