El gobernador de Colorado, Jared Polis, promulgó el viernes un proyecto de ley que exige que los funcionarios electorales lleven servicios de votación a los centros de detención y cárceles de los condados para las elecciones generales estatales.
El programa estatal es el primero de su tipo, ya que actualmente solo un puñado de prisiones en todo el país ofrecen votación en persona a los residentes elegibles.
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La implementación de la medida conducirá a que alrededor de 61 cárceles y centros de detención en todo Colorado ofrezcan votación en persona para las elecciones de noviembre, según Jack Todd, portavoz del secretario de Estado de Colorado.
Si bien Colorado prohíbe votar a quienes cumplen condena por crímenes graves, es legal que las personas encarceladas en espera de juicio o cumpliendo una pena por un delito menor emitan su voto en el estado.
La senadora estatal Julie Gonzáles, una demócrata que patrocinó el proyecto de ley, dijo que los legisladores descubrieron que los votantes elegibles no votaban comúnmente debido a obstáculos logísticos detrás de las rejas.
"En Colorado, realmente nos enorgullecemos de nuestro sistema electoral de estrella dorada. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había un grupo de personas que no podían acceder plenamente a la boleta", agregó la senadora.
La ley exige que los funcionarios policiales y electorales ofrezcan seis horas de votación en persona y servicios que permitan a las personas confinadas registrarse para votar. También habrá una manera para que los votantes elegibles devuelvan sus boletas por correo, si así lo prefieren.
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Los empleados del condado actuarán como trabajadores electorales, y la legislación también garantiza que los funcionarios tengan acceso a los datos del Departamento Correccional para garantizar que aquellos que cumplen condena por delitos graves no puedan emitir su voto.
Restaurar el derecho al voto a millones de estadounidenses con condenas por delitos graves que han cumplido sus sentencias ha sido una propuesta política popular en los últimos años, pero muy pocos estados han tomado medidas para fomentar el compromiso político tras las rejas.
Votar tras las rejas puede ser difícil, han dicho durante mucho tiempo los defensores del derecho al voto, aunque muchos estadounidenses son elegibles.
Los datos federales más recientes indican que casi medio millón de personas estaban tras las rejas y esperando juicio a mediados de 2022. Aquellos que son ciudadanos y no tienen una condena por un delito grave en su historial mantienen sus derechos, al igual que muchos de los que cumplen sentencia por delitos menores.
"Una de las cosas que escuchamos de personas que habían estado encarceladas anteriormente fue que participar en estas elecciones era muy importante para ellos para recordar que, a pesar de que están navegando por el sistema legal penal, todavía son miembros de una comunidad, ciudadanos de Colorado, y que todavía tienen derechos y obligaciones", dijo Gonzáles.
