Dos jueces federales, separados por 2,000 millas, dictaminaron el martes que el presidente Donald Trump utilizó indebidamente una ley de guerra del siglo XVIII para intentar acelerar las deportaciones de personas que su gobierno considera miembros de una pandilla venezolana.
Esto agravó el creciente escepticismo judicial sobre el intento del presidente de evitar las audiencias de deportación invocando una medida utilizada por última vez en la Segunda Guerra Mundial.
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SUSCRÍBETE Primero, el juez de distrito Alvin K. Hellerstein de Nueva York determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no puede utilizarse contra la pandilla Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos.
"TdA bien podría estar involucrada en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión ni una incursión depredadora", escribió Hellerstein, prohibiendo las deportaciones de la mayor parte de la ciudad de Nueva York y sus alrededores.
Horas más tarde, la jueza de distrito Charlotte N. Sweeney llegó a una conclusión similar, ampliando una orden anterior que prohibía la expulsión de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua desde Colorado.
Se mostró horrorizada ante los argumentos del gobierno de que nadie puede cuestionar la designación del presidente de la pandilla como invasor extranjero.
Esa afirmación "es confusa. Es errónea desde el punto de vista jurídico e intenta desvirtuar una disposición completa de la Constitución", escribió Sweeney.
Los rechazos contundentes a Trump se producen una semana después de que un juez designado por Trump en el sur de Texas se convirtiera en el primero del país en rechazar el uso por parte del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros, que también prohíbe a la administración expulsar a personas de esa región.
Ninguna de las órdenes impide las deportaciones por razones distintas a la ley.
Estas decisiones son las últimas de una larga serie de reveses judiciales en los esfuerzos del gobierno de Trump por acelerar las deportaciones de personas que se encuentran en el país sin autorización.
El presidente y sus partidarios se han quejado cada vez más de tener que garantizar el debido proceso a personas que, según ellos, no cumplieron con las leyes de inmigración estadounidenses.
En su fallo, Hellerstein, quien fue designado por el presidente Bill Clinton, también dictaminó que el gobierno no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para acortar el proceso legal de deportación establecido por el Congreso.
Varios jueces más en todo el país están atendiendo casos que impugnan el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump en sus jurisdicciones.
Esto surge tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del mes pasado que establece que las impugnaciones al uso de la ley por parte de Trump deben presentarse en zonas donde se detiene a inmigrantes para su deportación.
El alto tribunal dictaminó por unanimidad que las personas detenidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tenían derecho a impugnar su deportación ante los tribunales.
Esto llevó a la Corte Suprema a intervenir por segunda vez, en un inusual fallo después de la medianoche que prohibió la deportación de personas del norte de Texas que, según la ACLU, estaban a punto de ser expulsadas del país sin la oportunidad adecuada de apelar su designación.
El gobierno de Trump ha deportado a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión de mala reputación en El Salvador, donde, según argumenta, los tribunales estadounidenses no pueden ordenar su liberación. Hellerstein se refirió a la instalación como una “cárcel notoriamente malvada”.
