Confrencia de prensa en Boulder

Tras sangrienta masacre en el King Soopers de Boulder, sospechoso enfrenta otros 43 cargos

Además de los 10 cargos de asesinato en primer grado, el sospechoso de 22 años está acusado de 33 cargos de intento de asesinato en primer grado.

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Los fiscales de Colorado han presentado más de 40 cargos por delitos graves contra el hombre acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Boulder el mes pasado, incluidas acusaciones de que usó un cargador de gran capacidad que había sido prohibido por los legisladores estatales en 2013 en respuesta a la masa tiroteos.

Los fiscales presentaron una moción para enmendar el documento de cargos esta semana y ahora incluye un total de 54 cargos que incluyen lo siguiente:

  • 10 cargos de asesinato en primer grado
  • 33 cargos de intento de asesinato en primer grado
  • 1 cargo de asalto en primer grado
  • 10 cargos de uso de un cargador prohibido de gran capacidad durante un delito

El documento judicial que describe los nuevos cargos enumera 19 nuevas víctimas, incluidos 11 agentes de la ley.

En 2013, los legisladores de Colorado prohibieron la venta de cargadores de municiones que contienen más de 15 rondas en respuesta a tiroteos masivos el año anterior en un cine suburbano de Denver y en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut.

A pesar de eso, una investigación de KUSA-TV encontró que algunas tiendas de armas han estado eludiendo la ley al vender las partes desmontadas de los cargadores de alta capacidad que los compradores pueden armar ellos mismos.

Una tienda de armas en Arvada confirma que el presunto atacante del tiroteo en Boulder compró un arma allí y que pasó el chequeo de antecedentes penales, adquiriendo así el rifle de una forma legal.

Los investigadores han dicho que Alissa compró legalmente la pistola Ruger AR-556, que se asemeja a un rifle AR-15 con una culata un poco más corta. Está acusado de usarlo en el tiroteo seis días después de pasar una verificación de antecedentes.

La defensa de Alissa ha pedido tiempo para evaluar lo que uno de sus abogados llamó su "enfermedad mental", pero no ha ofrecido detalles sobre la condición.

Aún no se le ha pedido que se declare culpable y los defensores públicos que lo representan tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre el caso según la política de la oficina.

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